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Principio de Presunción de Veracidad Resolución Nº 3523-2008-TC-S1 | Acquire Publicum Juris

Principio de Presunción de Veracidad Resolución Nº 3523-2008-TC-S1

Sumilla: En virtud del Principio de Presunción de Veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.º 27444, que la Administración debe presumir que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario; y, por mandato expreso de Ley N° 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, modificada por la Ley Nº 27633 y Ley Nº 28242, la declaración jurada que solicita el 20% por bienes elaborados en territorio nacional, es documento suficiente para acreditar tal condición.

Lima, 10 de Diciembre de 2008

Visto en sesión de fecha 10 de diciembre de 2008 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el Expediente N.º 4388.2008.TC sobre el recurso de apelación interpuesto por SILICON SYSTEMS S.A.C. respecto del ítem 1 de la Adjudicación Directa Selectiva N.º 010-2008-UNMSM (Segunda Convocatoria), efectuada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para la adquisición de veintitrés (23) computadoras y tres (3) computadoras portátiles para la Oficina Central de Admisión, y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Mediante publicación efectuada el 09 de octubre de 2008 en el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (SEACE), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en adelante la Entidad, efectuó la Segunda Convocatoria de la Adjudicación Directa Selectiva N.º 010-2008-UNMSM, para la adquisición de veintitrés (23) computadoras y tres (3) computadoras portátiles para la Oficina Central de Admisión, por un valor referencial total equivalente a S/. 58 588,48 Nuevos Soles.

El presente procedimiento está referido al ítem 1: Computadoras, cuyo valor referencial asciende a S/. 50 952,11 Nuevos Soles.

2. El 27 de octubre de 2008 se publicaron los resultados del proceso de selección, tal como se detalla a continuación:

POSTOR MONTO OFERTADO EN S/. PUNTAJE ECONÓMICO PUNTAJE TÉCNICO SUMATORIA DE PUNTAJES 20% ADICIONAL PUNTAJE FINAL
Atlantic Computer S.A. 53.950,00 89,53 100 96,86 19,37 116,23
First Data S.A.C. 54.970,00 87,87 100 96,36 19,27 115,63
Gestión Y Control Empresarial S.A. 54.277,00 88,99 100 96,70 0,00 96,70
Silicon System S.A.C. 48.300,00 100,00 100 100,00 0,00 100,00
Connection Trading S.A. 56.028,00 86,21 100 95,86 19,17 115,03
Ingeniería De La Informática S.A. Descalificado por no presentar propuesta económica por ítem
Work Net Corporación S.A.C. 56.044,10 86,18 100 95,85 0,00 95,85
Genesis Solutions S.R.L. 54.487,00 88,64 70 75,59 0,00 75,59
Mecsoft E.I.R.L. 53.161,99 90,85 100 97,26 19,45 116,71

Por tanto, el Comité Especial otorgó la buena pro del ítem 1 al postor Mecsoft E.I.R.L.

3. Mediante escrito presentado y subsanado el 06 y 10 de noviembre de 2008, SILICON SYSTEMS S.A.C., en adelante SILICON, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 del proceso de selección, por considerar que el Comité Especial asignó indebidamente a MECSOFT la bonificación del 20% adicional sobre la sumatoria del puntaje final de su propuesta.

Al efecto, sostuvo que la Declaración Jurada que presentó MECSOFT respecto a la procedencia nacional de las computadoras que oferta contiene información inexacta por cuanto en el Perú no existe fábrica alguna donde se elaboren partes y piezas de computadoras que puedan integrar dichos equipos.

Así pues, afirmó que su propuesta quedó relegada al quinto lugar debido a que los postores MECSOFT, ATLANTIC COMPUTER S.A., FIRST DATA S.A.C. y CONNECTION TRADING S.A. presentaron la referida declaración, en virtud de la cual obtuvieron indebidamente el beneficio aludido en la Ley N.º 27633, a pesar que señalaron en sus propuestas que los componentes de los equipos son de la marca Micronics, Intel, Kingston, Samsung, Genius, AOC, Avantec, entre otras, todas ellas de origen extranjero. Por tanto, solicitó se establezca que las computadoras ensambladas en el Perú no deben ser consideradas como bienes nacionales si sus componentes superan el 50% del valor CIF del equipo, salvo prueba en contrario que deberá ser adjuntada a la declaración jurada presentada.

En ese sentido, invocó los criterios plasmados en la Opinión N.º 078-2007/DOP y las Resoluciones N.º 2007-2007-TC-S4 y 633-2008-TC-S1.

Finalmente, solicitó se le conceda el uso de la palabra en audiencia pública.

4. Por Decreto del 11 de noviembre de 2008 se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto y se corrió traslado a la Entidad para que envíe los antecedentes administrativos relativos a la impugnación.

5. El 25 de noviembre de 2008, la Entidad remitió los antecedentes administrativos requeridos. En los Informes remitidos, manifestó que si bien las marcas de los componentes de las computadoras son en algunos casos de mayor reconocimiento que otras en el común del público, ello no es suficiente para asegurar que se trata de bienes de fabricación extranjera, más aún cuando existe una Declaración Jurada de conformidad con la Ley N.º 27633 y su Reglamento; sin perjuicio de la facultad que le asiste de realizar la fiscalización posterior para determinar la veracidad de la información contenida en el mencionada declaración.

6. El 26 de noviembre de 2008 se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información que corre en autos.

7. El 02 de diciembre de 2008, MECSOFT se apersonó a la instancia como Tercero Administrado y formuló sus alegatos en los que manifestó que reclamación de SILICON parte de una errada apreciación normativa, puesto que según el Decreto Supremo N.ª 003-2001-PCM, el valor CIF no está referido a las computadoras sino a sus componentes, los que pueden ser de otros países siempre que su precio CIF no superen el 50% del valor de las computadoras; razón por la cual es válido mencionar marcas importadas como Intel, Samsung, entre otros, ya que en la obtención de las computadoras deben considerarse otros costos.

8. Por Decreto del 03 de diciembre de 2008 se declaró el expediente listo para resolver.

FUNDAMENTACIÓN:

1. El presente procedimiento administrativo versa sobre la reclamación promovida – vía recurso de apelación – por SILICON contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva N.º 010-2008-UNMSM (Segunda Convocatoria), para la adquisición de veintitrés (23) computadoras y tres (3) computadoras portátiles para la Oficina Central de Admisión”.

2. El asunto en controversia propuesto por el mencionado Impugnante consiste en determinar si corresponde asignar la bonificación del 20% adicional sobre la sumatoria del puntaje final obtenido por MECSOFT, de conformidad con lo establecido en la Ley N.º 27633, Ley que modifica la Ley N.º 27143.

En su reclamación, SILICON manifestó que el Comité Especial asignó indebidamente a MECSOFT la bonificación del 20% adicional sobre la sumatoria de su puntaje final, como si dicha empresa elaborara o fabricara las computadoras que oferta en el territorio nacional, lo que es totalmente falso. Así pues, afirmó que su propuesta quedó relegada al quinto lugar debido a que los postores MECSOFT, ATLANTIC COMPUTER S.A., FIRST DATA S.A.C. y CONNECTION TRADING S.A. presentaron la referida declaración, en virtud de la cual obtuvieron indebidamente el beneficio aludido en la Ley N.º 27633, a pesar que señalaron en sus propuestas que los componentes de los equipos son de la marca Micronics, Intel, Kingston, Samsung, Genius, AOC, Avantec, entre otras, todas ellas de origen extranjero. Por tanto, solicitó se establezca que las computadoras ensambladas en el Perú no deben ser consideradas como
bienes nacionales si sus componentes superan el 50% del valor CIF del equipo, salvo prueba en contrario que deberá ser adjuntada a la declaración jurada presentada.

En ese sentido, invocó los criterios plasmados en la Opinión N.º 078-2007/DOP y las Resoluciones N.º 2007-2007-TC-S4 y 633-2008-TC-S1.

9. A su turno, la Entidad manifestó que si bien las marcas de los componentes de las computadoras son en algunos casos de mayor reconocimiento que otras en el común del público, ello no es suficiente para asegurar que se trata de bienes de fabricación extranjera, más aún cuando existe una Declaración Jurada de conformidad con la Ley N.º 27633 y su Reglamento; sin perjuicio de la facultad que le asiste de realizar la fiscalización posterior para determinar la veracidad de la información contenida en el mencionada declaración.

10. Mientras que, en su oportunidad, MECSOFT señaló que la reclamación de SILICON parte de una errada apreciación normativa, puesto que según el Decreto Supremo N.ª 003-2001-PCM, el valor CIF no está referido a las computadoras sino a sus componentes, los que pueden ser de otros países siempre que su precio CIF no superen el 50% del valor de las computadoras; razón por la cual es válido mencionar marcas importadas como Intel, Samsung, entre otros, ya que en la obtención de las computadoras deben considerarse otros costos.

11. Expuestas las posturas de las partes involucradas, a fin de resolver el asunto planteado cabe indicar que la Ley N.° 27633, que modificó la Ley N.° 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional (modificada anteriormente por los Decretos de Urgencia N.° 064-2000 y N.° 083-2001), dispone que, para la aplicación del artículo 31 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en adelante la Ley, en la evaluación y calificación de propuestas y subsiguiente otorgamiento de la buena pro en los procesos de selección, se agregará un 20% adicional a la sumatoria de la calificación técnica y económica de las propuestas de bienes y servicios elaborados o prestados dentro del territorio nacional, conforme al Reglamento de la materia.

12. Por su parte, el Decreto Supremo N.° 003-2001-PCM, que reglamentó la precitada Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, prevé en su artículo 3 que en la declaración jurada a que se refiere el artículo 33 del Reglamento de la Ley N.° 26850 (ahora sustituido por el artículo 76 del vigente Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.° 084-2004-PCM, en adelante el Reglamento), el postor podrá manifestar que los bienes y servicios ofrecidos han sido elaborados o prestados dentro del territorio nacional, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento, a fin de acceder a la señalada bonificación.

13. La vigencia de las anteriores disposiciones ha sido reiterada por el CONSUCODE a través de sus Comunicados N.º 014-2001 (PRE) y N.º 015-2001 (PRE), así como por sendos pronunciamientos de este Tribunal en el sentido que la bonificación del veinte por ciento (20%) se aplica aún cuando no haya sido previsto en las Bases ni haya sido solicitado por los postores beneficiarios, y siempre que dichos postores hayan presentado la Declaración Jurada antes mencionada en la que señalen que el bien o servicio ha sido elaborado o prestado dentro del territorio.

14. Bajo las consideraciones expresadas, los postores que presenten la mencionada declaración jurada, pueden obtener el beneficio de la bonificación del 20% adicional al puntaje total de la propuesta por ofertar un bien elaborado en el territorio nacional; sin embargo, no hay que perder de vista lo indicado por el Impugnante, quien indicó que los bienes objeto de la convocatoria no pueden ser considerados como bienes elaborados en el territorio nacional, ya que son simples ensamblajes y que el valor de los materiales utilizados (partes y piezas) no superan el 50% del valor CIF del valor de las mercancías ofertadas, no siendo aplicable el Decreto Supremo N.º 003-2001-PCM, por más que sean ensambladas en el Perú.

15. Al respecto, es preciso indicar que el inciso c) del artículo 1 del Decreto Supremo N.º 003-2001-PCM establece que se considerarán bienes producidos nacionales “Los bienes producidos en el Perú utilizando materiales originarios de otros países, siempre que resulten de un proceso de transformación realizado que le confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de quedar clasificados en la NALADI o su equivalente en NANDINA en posición diferente a la de dichos materiales.

No serán considerados elaborados en el Perú, los bienes producidos por procesos u operaciones por los cuales adquieran la forma final en que serán comercializados, cuando en dichos procesos se utilicen materiales de otros países y consistan solamente en simples montajes o ensambles, embalaje, fraccionamiento en lotes, piezas o volúmenes, selección y clasificación, marcación y composición de surtidos de mercancías y otras operaciones que no impliquen un proceso de transformación sustancial en los términos del párrafo primero de este literal.

En los casos en que el requisito establecido es este literal no pueda ser cumplido porque el proceso de transformación operado no implica cambio de posición en la nomenclatura NALADI o su equivalente NANDINA, bastará con que el valor CIF de los materiales de otros países no exceda del 50% (cincuenta por cuanto) del valor de los bienes de que se trate” .

16. Ahora bien, resulta imprescindible destacar que a lo largo del presente procedimiento administrativo, SILICON no ha aportado medios probatorios que evidencien que las computadoras que oferta MECSOFT no se encuentran comprendidas dentro de los alcances del acotado Reglamento para ser considerados como bienes producidos por el Perú, sino que únicamente se ha limitado a cuestionar la procedencia de éstos, en base a la marca de los componentes de los equipos de cómputo.

17. Dentro de este contexto, es necesario recordar que en los procedimientos trilaterales, como el que nos ocupa, el Impugnante recurre a esta instancia con un petitorio que persigue un beneficio propio, con el ánimo de conseguir un pronunciamiento acorde con sus intereses. Es por esta razón que le asiste la carga de la prueba.

18. Este razonamiento se ampara en que, como principio en el Derecho, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que respaldan su pretensión; por lo que, es el Impugnante el llamado a probar sus dichos. Lo anterior, aunado al deber de imparcialidad exigible al juzgador, implica que la Administración (este Colegiado) no puede subrogarse en las obligaciones del Impugnante, sobre quien recae la carga de la prueba, porque es él quien está en mejor disposición de demostrar sus aseveraciones como interesado en obtener una decisión favorable a su parte. Siendo esto así, la Administración sólo dispondrá la actividad probatoria de manera oficiosa cuando se adviertan indicios suficientes y tangibles sobre la verosimilitud del derecho invocado, en aras de cautelar la vigencia del Principio de Verdad Material.

19. Sin embargo, tal como se ha mencionado con antelación, SILICON no ha aportado los medios probatorios para lograr convicción sobre los fundamentos que sustentan su pretensión, lo que en el caso concreto sería, al menos, el mostrar las Declaraciones Únicas de Aduanas (DUAs) correspondientes de las piezas que forman parte de los bienes ofertados por MECSOFT o realizar una investigación para que este Colegiado pueda llegar a una conclusión tangible y objetiva respecto de la procedencia de los bienes objeto de controversia.

20. Así pues, tampoco es posible invertir la carga de la prueba y pretender que MECSOFT, cuyo producto ha sido cuestionado, tenga que probar la procedencia y características de sus bienes, pues al no haberse actuado prueba en contrario, la Decl
aración en la que manifiesta que oferta bienes elaborados en territorio nacional continúa premunida de la Presunción de Veracidad que atañe a todos los documentos y sucedáneos presentados por los Administrados.

21. Es precisamente que, en virtud del Principio de Presunción de Veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.º 27444, que la Administración debe presumir que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario; y, por mandato expreso de Ley N° 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, modificada por la Ley Nº 27633 y Ley Nº 28242, la declaración jurada que solicita el 20% por bienes elaborados en territorio nacional, es documento suficiente para acreditar tal condición.

22. Esto quiere decir, que la Administración debe suponer siempre la buena fe y la legalidad de los actos que realizan los Administrados, de tal suerte que las sospechas, suposiciones o indicios respecto de una aparente falsedad no son razón suficiente para desvirtuar dicha presunción, la cual sólo puede ser quebrantada a través de la actividad probatoria. Asumir lo contrario supondría avalar la presentación de denuncias de falsedad sin mayor sustento que las apreciaciones subjetivas de los denunciantes.

23. En el sentido expuesto, es propicio hacer hincapié en que, tal como ha expuesto este Tribunal en sendas Resoluciones, la seguridad jurídica que requiere la contratación pública no permite que se deje sin efecto determinado acto administrativo sobre la base de meros indicios o suposiciones; supuestos que requieren, en todo caso, del trámite de un mayor procedimiento investigatorio a través del cual se concluya, de manera fehaciente, que son hechos o situaciones efectivamente ocurridos. Es por ello que se ha previsto el privilegio de control posterior que asiste a la Administración Pública.

24. Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, estando a que no existe prueba fehaciente que demuestre lo contrario a la declaración cuestionada que adjuntaron tanto MECSOFT como los demás postores a su acervo documentario, toda vez que no se ha tenido conocimiento de las DUAS correspondientes a los bienes ofertados por ellos u otros documentos análogos que destruyan la Presunción de Veracidad o que por lo menos, ameriten el despliegue de mayor actividad probatoria sobre el particular (pericias) a fin de determinar la procedencia de los equipos de cómputo que comercializa dicho postor, debe darse por válido lo aseverado por ellos sobre la nacionalidad de sus bienes.

25. Siendo esto así, estando a que los únicos autorizados para calificar el origen de un bien son la Cámara de Comercio y la empresa INTERTEK Testing Services Perú S.A., de conformidad a lo indicado mediante Comunicado N.º 001-2004 (PRE) del CONSUCODE, y, atendiendo a que el procedimiento administrativo se sustenta, además de otros, en el Principio de Presunción de Veracidad , éste Colegiado considera pertinente confirmar lo decidido por el Comité Especial al asignar al Adjudicatario el puntaje correspondiente al veinte por ciento (20%) adicional sobre la sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida por la elaboración de bienes dentro del territorio nacional, al haber presentado la Declaración Jurada prevista en el artículo 3 del Decreto Supremo N.° 003-2001-PCM.

26. En el marco de lo indicado, es importante resaltar que en la Opinión N.º 078-2007/DOP –invocada por SILICON- emitida por la Dirección de Operaciones en mérito a la consulta planteada por el señor César Monge Dura sobre criterios técnicos que utiliza CONSUCODE para evaluar y certificar la autenticidad y/o el origen nacional de un determinado producto se reiteró que CONSUCODE no resulta competente para definir, en términos generales, cuando un determinado producto puede ser calificado como “hecho en el Perú”, “producto peruano” o “producto nacional”, dado que dichas categorías o conceptos no se encuentran definidos, mencionados o aludidos en las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado.

27. Igualmente, es pertinente destacar las diferencias casuísticas existentes entre los Expedientes N.º 1312.2007.TC y 3351.2007.TC, que dieron origen a las Resoluciones N.º 2007-2007-TC-S1 y 633-2008-TC-S1, respectivamente, invocadas como precedentes por SILICON, con el que nos ocupa, toda vez que en aquellos se dispuso discrecionalmente la actuación de un peritaje a cargo de un ente técnico especializado a costa del impugnante como instrumento idóneo para determinar la procedencia de los equipos de cómputo ofertado.

28. Sin perjuicio de la conclusión arribada en este extremo, en tutela de sus intereses y del orden público, de considerarlo conveniente, se exhorta a la Entidad realizar la fiscalización posterior respecto de la procedencia nacional de los bienes ofertados por MECSOFT, así como por los demás postores beneficiados con la aludida prerrogativa y de advertir la trasgresión al Principio de Presunción de Veracidad, declarar la nulidad de oficio del contrato, conforme lo permite el artículo 202 del Reglamento, y en aplicación del artículo 297 del citado cuerpo reglamentario, comunicar a este Tribunal tales hechos, para la adopción de las medidas legales a las que hubiera lugar.

29. Consecuentemente, en aplicación de lo dispuesto por el numeral 1) del artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto y, por su efecto, confirmar el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 de la Adjudicación Directa Selectiva N.º 010-2008-UNMSM (Segunda Convocatoria) a favor de MECSOFT.

30. Finalmente, respecto a la solicitud de uso de la palabra de SILICON, este Colegiado considera que la actuación de dicha diligencia deviene innecesaria a efectos de las resultas de lo decidido en el presente procedimiento administrativo, toda vez que de lo señalado en las consideraciones precedentes se advirtió que corren en autos todos los elementos necesarios para resolver la presente causa.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Dra. Janette Elke Ramírez Maynetto, y la intervención de los Vocales Dra. Wina Grely Isasi Berrospi y Dr. Carlos Cabieses López, atendiendo a la reconformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N.º 035-2008-CONSUCODE/PRE publicada el 04 de febrero de 2008 y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 53, 59 y 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 083-2004-PCM, el artículo 163 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y Funciones del CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo N.º 054-2007-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad,

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor SILICON SYSTEMS S.A.C. y, por su efecto, confirmar el otorgamiento de la buena pro del ítem 1 de la Adjudicación Directa Selectiva N.º 010-2008-UNMSM (Segunda Convocatoria) a favor de MECSOFT E.I.R.L; por los fundamentos expuestos.

2. Ejecutar la garantía presentada por el Impugnante para la interposición del recurso de apelación materia de decisión.

3. Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de acuerdo a lo indicado en el considerando 28 de la fundamentación.

4. Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de 30 días calendario de notificada la presente reso
lución; debiendo autorizar por escrito a la persona que realizará dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del CONSUCODE para su custodia por un plazo de seis (6) meses, luego del cual serán remitidos al Archivo General de la Nación, bajo responsabilidad.

5. Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PRESIDENTA

VOCAL VOCAL

ss.
Ramírez Maynetto
Isasi Berrospi
Cabieses López

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