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1st Dec 2010Posted in: Publicaciones 1
Los postores son susceptibles de sanción administrativa, cuando presenten documentos inexactos a las Entidades o al OSCE Resolución No. 1922-2010-TC-S1
Los postores son susceptibles de sanción administrativa, cuando presenten documentos inexactos a las Entidades o al OSCE, en virtud de los principios de moralidad, fe pública y presunción de veracidad que deben regir en las contrataciones estatales. resolución No. 1922-2010-TC-S1.
Sumilla: “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos inexactos, entendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciendo una alteración de ella, con infracción de los principios de moralidad y presunción de veracidad que las amparan”.
 Entidad: Defensoría del Pueblo. 
Contratistas: Consorcio conformado por las empresas FUGAZ S.A.C. y la empresa ANVYR S.A.C.
Procedimiento: Sancionador. 
 
Lima, 06 de Octubre de 2010.
El 1 de junio de 2007, la Defensoría del Pueblo, en adelante la Entidad, convocó el concurso público No. 002-2007-DP, para contratar los servicios de vigilancia y seguridad, por un valor referencial de S/. 645,169.44 (seiscientos cuarenta y cinco mil ciento sesenta y nueve con 44/100 nuevos soles), incluido el impuesto general a las ventas.
En el acto de presentación de propuestas, el Comité Especial acordó descalificar la propuesta técnica del Consorcio, pues no había presentado copia de la constancia de inscripción vigente en el Registro Nacional de Entidades de Intermediación Laboral, y uno de los consorciados – FUGAZ S.A.C.-   se encontraba impedido de participar en procesos de selección y celebrar contratos desde el 9 de julio hasta el 26 de noviembre de 2007.
De esta manera, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa y/o inexacta, específicamente por el supuesto de haber presentado documentación inexacta por medio del anexo No. 6 “declaración jurada simple”, en la que la empresa FUGAZ S.A.C., integrante del Consorcio, manifiesta no tener impedimento para participar en el proceso de selección.
En tanto los postores son responsables de la veracidad de los documentos e información que presentan para efectos de un proceso de selección determinado, salvo prueba en contrario, reside en el colegiado verificar la documentación presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada no se ajuste a los hechos.
Sobre el particular, el artículo 9 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, señala que las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con entidades, se encuentran impedidos de ser postores y/o contratistas.
Al respecto, en la base de datos electrónica del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, se encontraba registrado que la empresa FUGAZ S.A.C. estaba sancionada con inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, a partir del 9 de julio de 2007 hasta el 26 de noviembre del mismo año; no obstante, el 9 de julio de 2007, la mencionada empresa, participó, en forma consorciada, en el concurso público convocado por la Defensoría del Pueblo, por lo que se incurrió en la infracción tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el cual establece que los postores, proveedores y/o contratistas incurrirán en infracción susceptible de sanción, cuando presenten documentos falsos o declaraciones juradas con información inexacta a las Entidades o al OSCE, entonces se quiebra el principio de moralidad, fe pública y presunción de veracidad que deben regir en las contrataciones estatales.
Por otro lado, debe considerarse que la infracción cometida es atribuible a un Consorcio, el cual estaba conformado por las empresas FUGAZ S.A.C. y ANVYR S.A.C. Por ello y en principio, se debe tener en cuenta que el primer párrafo del artículo 296 del Reglamento, respecto de las sanciones aplicables a los consorcios, prevé que “las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa formal de consorcio durante su participación en el proceso de selección, se imputarán exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiera lugar, siempre que pueda individualizarse al infractor. (El subrayado es nuestro).
De esta manera, se puede individualizar la responsabilidad de los hechos imputados en la empresa FUGAZ S.A.C, por lo que no corresponde atribuir responsabilidad a la empresa ANVYR S.A.C., pues dicha empresa no presentó documentación inexacta ante la Entidad, en tanto no se encontraba impedida de participar en el proceso de selección.
En base a los argumentos expuestos, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, impuso a la empresa FUGAZ S.A.C., sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de ocho (8) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 9) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, asimismo exonera de la imposición de sanción administrativa a la empresa ANVYR S.A.C., por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa y/o inexacta.
APORTE:
El artículo 4 inciso b, de la actual Ley de Contrataciones del Estado nos instruye sobre el principio de moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.
 
Sobre el principio de fe pública, la Ley actual, no define al mismo, sin embargo, podemos encontrar en sendas resoluciones del Tribunal que éste es mencionado, al igual que en la doctrina. Así tenemos que para Armando Calmet Luna, la fe pública puede ser definida como la: “Confianza, veracidad, atribuida a diversos funcionarios (notarios, secretarios judiciales, cónsules…), sobre hechos, actos y contratos en los que interviene”.[1]
 
L. Ribo Duran y J. Fernandez Fernandez precisan que: “la fe pública ampara las declaraciones de voluntad de las partes, que quedan revestidas de la veracidad de su producción o manifestación”.[2]
 
Al respecto del principio de presunción de veracidad tampoco se define en la Ley, pero también es de aplicación y recogida por el Tribunal de Contrataciones del Estado en sendas resoluciones, al igual que en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley No. 27444, así tenemos: El principio de presunción de veracidad, establecido en el numeral 1.7. del artículo IV de la Ley No. 27444, supone que la administración pública se encuentra en el deber legal de presumir por adelantado que los administrados proceden con verdad en sus actuaciones en los procedimientos en los que intervienen, siendo que esta presunción admite prueba en contrario.[3]
 
En ese sentido, es que a partir de que un postor, proveedor, participante o contratista presenta un documento falso o inexacto a la Entidad inmerso en un proceso de contratación del Estado, se quiebran estos principios que de alguna manera protegen al administrado, correspondiendo sancionar, de acuerdo a los criterios de gradualidad establecidos en el Reglamento de la Ley.
 
Se tiene que tener en cuenta el principio de tipicidad establecido en la Ley No. 27444, artículo 230, inciso 4, donde sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
 
Sobre la responsabilidad, siempre este corresponderá a quien realiza el acto, así tenemos que, de acuerdo a la Ley No. 27444, artículo 230, inciso 8, al principio de causalidad, que define que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Es decir, la responsabilidad es individualizable, es por eso que se sanciona a solo una empresa del consorcio.
 
 
[1] CALMET LUNA, Armando. Glosario de términos jurídicos. Pág. 125. 
[2] RIBO DURAND, L. y FERNANDEZ FERNANDEZ, J. Diccionario de Derecho Empresarial. Pág. 587. 
[3] Resolución No. 1242-2009-TC-S2.

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